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El alquiler por habitaciones es un contrato atípico no regulado expresamente ni en la Ley de Arrendamientos Urbanos ni en el Código Civil.
Un contrato de arrendamiento puede ser declarado nulo si es suscrito por quien no tiene facultad de disposición sobre el inmueble.
Absolución para un cliente acusado de los delitos de estafa y falsedad documental.
El derecho de corrección es una facultad inherente a la patria potestad que puede amparar ciertas conductas o comportamientos de los progenitores.
El próximo 27 de junio de 2025 entrarán en vigor nuevas medidas en relación con el ITPAJD para la adquisición de inmuebles, como el tipo del 20% para la compra de viviendas por parte de un gran tenedor.
El ejercicio del derecho de rectificación implica que el medio de comunicación debe publicar una rectificación de los hechos falsos o perjudiciales para la persona que ha ejercitado su derecho, con los requisitos previstos en la normativa.
Los derechos y obligaciones derivados de un contrato de compraventa pueden prescribir pese a mantener el contrato su vigencia.
Recientemente, el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona ha dictado una Sentencia reiterando la prevalencia de los pactos parasociales sobre los acuerdos adoptados por la Junta General de socios.
La Ley Orgánica 1/2025, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce relevantes modificaciones respecto a los juicios verbales en aras a mejorar la eficiencia procesal.
En abril de 2025 entrará en vigor una significativa reforma legislativa que exige acudir a los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) antes de iniciar un procedimiento de carácter civil o mercantil.
El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de los requisitos de procedibilidad de las demandas de desahucio que fueron introducidos por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
El cese del administrador se produce con independencia de que se inscriba o no en el Registro Mercantil. No obstante, la falta de inscripción puede conllevar consecuencias significativas, especialmente frente a los terceros de buena fe y frente a la Agencia Tributaria.
